🕑 15 de abril, 2021.
La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, está sufriendo una de las mayores crisis humanitarias del planeta. Desde 2017 la inestabilidad y la violencia de esta provincia han alcanzado un nivel insostenible.
El cien por cien de la población civil esta aterrorizada ante la intensa escalada de violencia: incendios masivos de aldeas, asesinatos a sangre fría, secuestros, violaciones e incluso decapitaciones de niños, están ocurriendo cada vez con más frecuencia.
Tradicionales corredores logísticos de contrabando de madera, marfil, rubíes y heroína, dominados impunemente por señores de la guerra, apoyados por antiguos cargos de las fuerzas de seguridad del estado, controlan el norte y la zona fronteriza con Tanzania formando parte de un entramado financiero que da soporte económico a la cada vez más poderosa Ansar al-Sunna.
Ansar al-Sunna (Partidarios de la Tradición del Profeta) también conocidos como Al-Shabaab, Ahlu al-Sunna o Swahili Sunna, fue fundado en el 2015 por seguidores del clérigo radical keniano Aboud Rogo, asesinado en Kenia en el 2012.
El conocimiento de la vinculación de Ansar al-Sunna con otras ramas del Estado Islámico (IS) es difuso, pero la forma en que ha evolucionado, prosperado y madurado es muy similar a otros grupos yihadistas africanos como Boko Haram en Nigeria u otros grupos terroristas que forman parte del llamado Estado Islámico del Gran Sahara (ISGS) que siembran el terror en Mali, Burkina Faso y Níger. EEUU acaba de calificarlos como grupo terrorista y brazo del Estado Islámico en Mozambique.
Fuentes fidedignas aseguran que los jóvenes reclutados son entrenados localmente por antiguos miembros del ejército y otros son enviados a Tanzania, Kenia y Somalia para recibir entrenamiento militar y una interpretación distorsionada del Islam que justifica y exhorta el uso de la violencia.
Por otro lado, fuertes expectativas de riqueza, generadas por grandes inversiones de un conglomerado multinacional petrolero destinadas a explotar una de las mayores reservas de gas y petróleo del planeta, se están yendo al traste por realizarse a espaldas de una población abandonada por el gobierno que con una pobreza y analfabetismo extremos constituye un factor relevante en la rápida adhesión de jóvenes, sin ningún futuro, a este grupo yihadista.
La petrolera francesa Total acaba de repatriar a todos sus trabajadores por los últimos ataques a la ciudad de Palma el pasado 24 de marzo.
La impotencia del gobierno en afrontar la situación es obvia, no solo por la falta de medios sino también porque políticamente es reacio a reconocer la gravedad de la situación. Sus intentos de atajar el conflicto con la contratación de mercenarios profesionales, no solo no ha solucionado prácticamente nada, sino que ha incrementado la confusión y el deterioro de los derechos humanos de la población.
Según OCHA, el número de desplazados a otras ciudades del norte roza los 700.000, en su mayoría mujeres y niños, y la cantidad de huertos devastados han provocado que 1.200.000 personas sufran hambre severa y tengan escaso acceso al agua potable en una región que 2.700.000 sufre malnutrición. Los desplazamientos, además, están provocando numerosos brotes de cólera y mayor propagación del COVID-19 que se junta a las altas tasas de malaria, VIH y tuberculosis.
En este contexto hay que destacar la gran y encomiable ayuda humanitaria desplegada en la zona: OIM, MSF, UNFPA, UNICEF, Save the children, ACNUR, Cruz Roja, WFP, AVSI y un largo etc. de grandes organizaciones con vasta experiencia y grandes recursos están paliando los graves efectos en sus diferentes formas: infraestructuras temporales, distribución masiva de dignity kits, sanidad, WASH, género, educación en terreno, ayuda psicológica, etc.
La sociedad de Cabo Delgado es una sociedad compleja, existen diferentes etnias, con diferentes formas de vida y diferentes lenguas, mucha población desconoce el portugués, la lengua oficial, y la solución militar necesaria debe ir acompañada de un profundo estudio de la realidad para analizar las verdaderas causas y poder establecer las políticas y las herramientas adecuadas para poder erradicar semejante violencia estableciendo expectativas reales de crecimiento con adecuadas inversiones en sanidad, educación y puestos de trabajo.
Además, no puede ceñirse el problema a Mozambique, no solo porque el grave deterioro de los más básicos derechos humanos debe trascender las fronteras de un gobierno incapacitado en resolver estos problemas sino porque el IS está consiguiendo una gran propagación por el continente africano convirtiéndose en un problema global que merma las grandes expectativas sociales y económicas que recaen sobre el rico y diverso continente africano.
Es necesaria una verdadera implicación supranacional que dignifique las grandes instituciones internacionales y en definitiva nuestra naturaleza humana.
Fundación IBO
En Fundación IBO, que hace más de 15 años que estamos liderando un tranquilo y sereno proyecto de desarrollo en la isla de IBO, además de haber sufrido el devastador ciclón Kenneth en abril del 2019 destruyendo el 80% de las viviendas, hemos visto aumentar la población considerablemente. El distrito de IBO ha pasado de unos 11.000 a 22.000 habitantes en 3 años, debido a la llegada de refugiados provocada por la violencia en las ciudades y aldeas del norte.
Es por ello que además de reforzar los protocolos de seguridad de todo el personal expatriado y de nuestros trabajadores locales, hemos diseñado planes de evacuación adaptados a nuestra idiosincrasia.
En cuanto a la gestión, estamos adecuando nuestra estrategia a la realidad de los acontecimientos y estamos dando una nueva dimensión a nuestra organización que está priorizando en estos momentos las siguientes actividades:
1) Acuerdos y apoyo logístico a las grandes organizaciones humanitarias.
2) Refuerzo de nuestro centro nutricional (CANI) dado el creciente número de niños desnutridos.
3) Continuidad de los trabajos de construcción y carpintería en la rehabilitación de edificios civiles y administrativos de la población como ha sido la reconstrucción de la escuela Eduardo Mondlane que da capacidad a más de 1.000 escolares.
4) Continuidad de las actividades de nuestra Escuela de Oficios en la medida que lo permita la evolución del COVID-19.
En definitiva y en este contexto estamos en una posición de alerta, viendo la evolución de los acontecimientos y cuidando nuestros proyectos más significativos. Con todo, podemos asegurar que estamos fortaleciendo uno de nuestros principales valores, el de nuestra presencia permanente en las circunstancias más adversas en una comunidad de la que, sin duda, formamos parte.
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